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Archivo de la categoría: Ciudadanía

Un artículo muy bien explicado sobre porque la sentencia sobre el caso Altsasua es desproporcionada.

Hoy traigo un artículo de Garbiñe Biurrum aparecido en eldiario.es a propósito de la Sentencia sobre el Caso Altsasua. Garbiñe Biurrum es juez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y profesora universitaria de Derecho, presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV desde 2.009. Es profesora asociada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad del País Vasco. Frente a las versiones unánimes que se han prodigado en los medios mayoritarios exigiendo un castigo ejemplar para los encausados y dando por hecho sin ninguna base que estamos ante un caso de terrorismo, ella ha escrito un artículo valiente y muy bien argumentado donde echa por tierra las versiones oficiales. Versiones oficiales, que lamentablemente en los primeros tiempos mediáticos de este caso, yo también creí, hasta que las sucesivas revelaciones de medios como eldiario.es, empezaron a hacerme dudar, y a plantearme que los hechos no eran exactamente como nos los habían mostrado los medios tradicionales de ámbito nacional.

Garbiñe Biurrun Mancisidor

El caso Altsasu:”askeamiento”.

Hace pocos días hemos conocido la Sentencia del Tribunal Supremo en la que se rebaja  la pena a las ocho personas condenadas por agresiones a dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas, ocurridas en un bar de Altsasu en octubre de 2016. Rebajas de condena aparejadas a modificaciones en las circunstancias agravantes que se habían apreciado en la Sentencia de la Audiencia Nacional recurrida-las de discriminación y abuso de superioridad-, pero manteniendo la calificación de los hechos enjuiciados como delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

En efecto, el Tribunal Supremo ha disminuido la condena a privación de libertad hasta un máximo de libertad hasta un máximo de nueve años y medio, según la literalidad de la Sentencia-de siete años y medio en la práctica, según revelan ya algunas de las defensas por el efecto de la refundición de las penas-. Y ello, partiendo de la condena de la Audiencia Nacional, que impuso penas de hasta trece años de prisión.

Sabido es que este sumario,cuya incoación no pongo en cuestión, pues los incidentes son innegables y su consideración delictiva también, en mi opinión,se dirigió de manera más que discutida, siguiéndose a resultas de una denuncia de COVITE*, por delito de terrorismo,tal como lo valoró la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la propia Audiencia y, no se olvide,también el Tribunal Supremo, desestimando los recursos interpuestos al respecto y contra prácticamente todas las opiniones jurídicas altamente cualificadas-salvo las suyas propias-, notablemente las de un Juzgado de Instrucción de Pamplona y la Audiencia Provincial de Navarra, que entendían que tal calificación de terrorismo era inaceptable.

No seré yo, que no he pasado un sólo día en prisión ni he tenido a mis seres más queridos en tal situación, quien minimice esta rebaja de condena. Seguramente nadie la desprecia y desde las personas afectadas supone un mínimo alivio. Pero no es, desde luego, lo esperado desde una perspectiva técnico-jurídica ni desde el sentido ciudadano ordinario de la justicia. Por ello, siento el deber de expresar lo que ya he manifestado en numerosas ocasiones sobre este caso.

La calificación de terrorismo fue, como reputadas gentes del Derecho han gritado, un auténtico escándalo, y no sólo porque en 2016 no había, muy afortunadamente, terrorismo en este país, sino porque ninguna de las figuras posibles de tal tipo delictivo concurrían en modo alguno. Y todo para terminar negando la propia Audiencia Nacional en su sentencia ahora revocada, la concurrencia de tal delito. Pero ya era tarde:ya se había torcido el derecho constitucional al  juez natural-que habrían sido el Juzgado de Instrucción correspondiente de Pamplona y la Audiencia Provincial de Navarra-y los criterios también “naturales” de instrucción y enjuiciamiento,  y ya se había consolidado una terrible situación de prisión provisional que había durado demasiado tiempo.

La decisión del Tribunal Supremo alivia poco, la verdad.Más bien deja, en todo caso, una sensación muy agria. Descorazona a quienes no hemos comprendido el devenir de este sumario porque, si era incomprensible la calificación de terrorismo, también lo es que se mantenga la calificación de los hechos como atentado a la autoridad, pues el Código Penal exige para ello que sus víctimas-autoridad, agentes o funcionarios públicos-se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas, lo que es más que discutible-por ser benevolente-en este caso, en el que los hechos ocurrieron en la madrugada, en un bar, en una localidad en fiestas, estando los agentes disfrutando de su ocio privado. De otro lado, resultaba más que claro para muchas opiniones jurídicas que no concurría la agravante de discriminación-por una parte, ciertamente, jamás podría considerarse a la Guardia Civil ni a sus agentes como un colectivo vulnerable, discriminado o marginado, en los términos requeridos para entender concurrente tal agravante; por otra, ya se había considerado que se trataba de agentes al calificar los hechos como atentado-. Ni la de abuso de autoridad,tal como se produjeron los hechos y porque es difícil de comprender este agravante en el delito de atentado a la autoridad.

Es evidente que el caso Altsasu no ha terminado. No lo ha hecho desde el punto de vista de su recorrido judicial, pues es claro que continuará en el Tribunal Constitucional y, en su caso, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según anuncian las defensas. Tampoco ha terminado, desgraciadamente, para las personas condenadas, que deberán seguir en prisión un tiempo relevante, ni para sus seres queridos. Y tampoco ha terminado para una gran parte de la ciudadanía navarra y de toda Euskal Herria que, amplia y diversa, sigue reclamando justicia. Entiéndase bien: justicia y proporcionalidad, tal como de manera clara y ejemplar se ha expresado reiteradamente en las calles de la localidad, sin apelar jamás a la impunidad o a la absolución, sino asumiendo lo incorrecto e injusto de los hechos enjuiciados, pero pidiendo-exigiendo legítimamente-su justo castigo, con independencia de lo que, también legítimamente,se haya solicitado en el ejercicio del derecho de defensa  en el proceso judicial.

Seguramente tampoco ha terminado para los agentes agredidos y sus parejas, que han tenido, como es debido y esperado, apoyo institucional y que, en lo personal, merecen todo el respeto y comprensión. Pero ello tampoco remata la cuestión política que también se agita en este caso, que es el de la presencia de la Guardia Civil en Euskadi y Navarra, que deberá resolverse también políticamente, cuestión que he dejado para el final y de manera marginal para evitar mezclarla con la cuestión prioritaria.

*Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco.

Nota: el título de esta colaboración juega con el lema “Atsasukoak aske”-los de Altsasu libres”-, que sigue encabezando las críticas ciudadanas a este caso, su tramitación y las soluciones dadas hasta el momento.

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Los acusados en el Caso Alsasua durante su juicio en la Audiencia Nacional. Fuente: EFE.

 

Desmantelado un cártel de empresas entre las que se encontraban filiales de importantes multinacionales.

A continuación reproduzco parcialmente un artículo de Dani Domínguez aparecido en el diario digital La Marea en la que se nos muestra como ciertas empresas sin escrúpulos inflan los precios de sus servicios y nos cobran una millonada a todos, lo que obviamente es una práctica ilegal.

Desmantelado un cártel de empresas de mantenimiento industrial donde participaban filiales de ACS y Sacryr y otras noticias del IBEX 35.

Nuevo cártel  de empresas desmantelado por la Comisión Nacional de los Mercados y  de la Competencia (CNMC). Las compañías, dedicadas al montaje y mantenimiento y montaje industrial, se habrían puesto de acuerdo para encarecer los servicios prestados. El total de las sanciones alcanza casi los 55 millones de euros y la prohibición de participar en contratos del sector público, a excepción de aquellas empresas que se hayan acogido al Programa de Clemencia de la CNMC, que vigilará a las compañías. Entre ellas hay filiales de grandes multinacionales como ACS, Sacryr o Duro Felguera,entre otras.

El Grupo Masa,filial de ACS,grupo presidido por Florentino Pérez,se ha llevado la multa de mayor cuantía: 14,6 millones de euros. Maessa, también filial del mencionado grupo, ha sido mencionado grupo, ha sido sancionada con otros 3,4 millones de euros, lo que hace que ACS se corone con un total de 18 millones de euros tras la participación de sus filiales en dicho cártel. En total, el grupo de Florentino Pérez se consolida como líder dentro del ránking de compañías con un mayor importe de sanciones por parte de la CNMC por formar parte de  cárteles para repartirse contratos: casi 100 millones de euros en multas desde enero de 2.015, de los cuales más de 60 millones se le han impuesto en lo que va de año.

No es sin embargo, el único cártel sobre el que la CNMC ha puesto la lupa esta semana. Competencia también ha incoado un expediente sancionador a 25 empresas y a 2 asociaciones de servicios de transportes por presuntas prácticas que restringen la competencia en el sector en la Comunidad Autónoma de Cantabria, con “particular incidencia en el transporte escolar”. La CNMC investiga una posible práctica de fijación de precios,reparto de clientes y adjudicaciones de licitaciones públicas llevadas a cabo en connivencia entre las empresas, lo que habría restringido la libre competencia.

Se siguen conociendo relaciones entre el excomisario José Manuel Villarejo y grandes empresas del IBEX 35. Así, tras BBVA, ahora conocemos que Iberdrola había contratado presuntamente al ex comisario en varias ocasiones desde 2004 para espiar a competidores y trabajadores propios. Así, según llevada a cabo por el Confidencial y moncloa.com, la eléctrica habría solicitado los servicios de Villarejo para que se infiltrara dentro del movimiento de oposición política y vecinal a su central térmica de Arcos de la Frontera (Cádiz) y para investigar al juez de lo Contencioso de Jerez de la Frontera encargado de la petición del consistorio de Arcos que solicitaba la detención cautelar de las obras de la planta.

Ese mismo año, también solicitado información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa. De la misma forma, en 2007 Iberdrola volvió a contar con Villarejo para averiguar si dos representantes sindicales de la compañía filtraron un informe interno a organizaciones ecologistas. Iberdrola ha reconocido haber contado con los servicios del excomisario y ha anunciado nuevas investigaciones internas tras despedir a su jefe de seguridad.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a Vueling con 30.000 euros tras comprobar que su web no utiliza un consentimiento explicito para instalar “cookies” sino que se vale de uno genérico y remite para su gestión a las herramientas del navegador. Según la AEPD, “el consentimiento para que se cedan datos a terceros a través de “cookies” es implícito”, lo que vulnera el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la información (LSSI). Tal como lo hacen la mayoría de los sitios web, la Agencia insta a Vueling a “habilitar un mecanismo o botón para rechazar todas las “cookies”, otro para habilitar todas las “cookies” o hacerlo de forma grnaular para poder administrar preferencias”.

El pasado mes de mayo, la CNMC multó a 34 editoriales de texto con 33 millones de euros por pactar precios y restringir la competencia. Ahora, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento a las familias con la intención de presentar una demanda colectiva contra este cártel de los libros. “Debemos recuperar ese dinero que de alguna manera nos han robado”, ha pedido Camilo Jené, presidente de la FAPA Giner de los Ríos, quien asegura que los sobrecostes para las familias superarían los 1.200 millones de euros, 214 euros por curso entre los años 2.012 y 2.018.

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Para leer artículo completo, ir a https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/noticias/resumen-ibex/desmantelado-cartel-empresas-filiales-acs-sacyr/

 

 
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Publicado por en octubre 20, 2019 en Ciudadanía, Crimen Organizado

 

El abandono de las personas sin hogar por parte de las Instituciones.

Hoy traigo un articulo fechado el mes pasado sobre la desesperada situación de las personas deshauciadas, las cuales no tienen otra alternativa que acampar para resguardarse de la intemperie y para tratar de hacer ver a las Instituciones y Organismos  Oficiales correspondientes lo urgente de su situación. Unas Instituciones y Organismos Oficiales que como veremos a continuación les ignoran y desprecian en lugar de ayudarles como corresponde. Ha pasado más de un mes de la publicación de este artículo en Eldiario.es (21-07-2019) y nada se ha vuelto a saber sobre estas personas ni parece que ningún medio se haya eco del desenlace de este drama. Desenlace que yo, obviamente, también ignoro. Espero que a todas estas personas se les haya dado una solución rápida, eficaz y duradera a día de hoy.

La acampada de personas sin hogar cumple tres meses  sin respuesta  de las instituciones.

Celia S. Cañabate (/autores/celia_s_canabate/).

La acampada de personas sin hogar que a mediados de abril se instaló frente al  Ministerio de Sanidad Social, en el Paseo del Prado de Madrid, ha cumplido tres meses en los que la reivindicación política se ha transmitido a las instituciones, pero sin que la situación de emergencia de los allí concentrados se resuelva. “Lo estoy pasando tan mal que hasta he pensando en suicidarme, lo digo así”,, confiesa Itziar Jiménez, una joven de 28 años embarazada y sin recursos que pertenece a este asentamiento.

Ante su situación de desamparo, este grupo de personas sin hogar quería ejercer presión antes de las elecciones generales del pasado 28 de abril y Miki, uno de los portavoces, quiso repetir la “Acampada por Derechos”, de la que también fue impulsor, que tuvo lugar en Barcelona a finales de 2017, pero esta vez a nivel estatal. En los tres meses que llevan instalados, el número de tiendas de campaña se ha multiplicado y además, una segunda acampada se ha colocado frente a la Plaza de Cibeles “para darle la bienvenida al nuevo alcalde”, según afirman.

La mezcla de personas es totalmente heterogénea y va más allá de la reivindicación política. Muchos simplemente no tienen dónde estar  y se sienten más grupo: diferentes nacionalidades, personas jóvenes con altos grados de discapacidad, mayores con graves problemas médicos, personas que aún con trabajo no pueden pagar un alquiler y hasta mujeres embarazadas,como Itziar.

Uno de sus objetivos al emplazarse frente al Ministerio era conseguir ser escuchados. El 10 de junio se reunieron con la secretaría de Estado de Servicios Sociales, Ana Isabel Lima Fernández. A este encuentro acudieron cinco miembros de la acampada-Joaquina Alba, Manuel Márquez,Gema Orellano,José Pedro y Miki-que entregaron un documento (https://derechosgarantizados.files.wordpress.com/2019/06/dossier-2-acampada-ministerio-1.pdf) en el que detallaban sus reclamaciones. Su finalidad era hacer entender que la situación de las personas sin hogar es “de emergencia” y que la acogida “debe ser inmediata”.

En esta reunión también pidieron atención y una solución a sus problemas particulares: Joaquina tiene un hijo con discapacidad y su marido, Manuel, tiene problemas cardíacos que le han hecho salir varias veces en ambulancia de la acampada, para luego volver a ella,mientras espera a ser operado a finales de julio. Pero el Ministerio no tiene competencias para hacer una intervención directa, ya que es responsabilidad de los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos. Según Miki, el grupo insistió en  que si está en su mano “inidcarles las directrices a seguir para que no dejen a nadie en la calle”. La secretaria de Estado se comprometió con ellos a reactivar la Estrategia Integral para Personas sin Hogar, para lo que se va a crear un grupo de trabajo interministerial, donde se tendrá en cuenta a las autonomías, a la Federación  Española de Municipios y Provincias y se escuchará al tercer sector, aseguran.

En mayo también habían transmitido sus peticiones (htpps://derechosgarantizados.files.wordpress.com/2019/06/carta-congreso-nadiesinhogar-14m-1.pdf) al Congreso de los Diputados y el 10 de julio, se dirigieron de nuevo a todos los grupos parlamentarios. Han llegado a reunirse con Isabel Franco y Miguel Urbán, diputada y eurodiputado de Podemos, y han solicitado una cita con el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

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De la parroquia del Padre Ángel a la acampada.

En la acampada no sólo hay activistas. Se han unido a ella personas que simplemente no tienen dónde estar y que, ante las malas condiciones y saturación de los albergues, ese asentamiento les supone una mejor opción. Algunos han llegado allí desde la parroquia del Padre Ángel. Es el caso de Itziar o de Paloma y Francisco, una pareja de 57 y 62 años, sin hogar y que cobran la Renta Mínima de Inserción (400 euros en Madrid) de él como único ingreso. Paloma sufre cinco hernias en la espalda y Francisco es diabético.

Natalia Barber, una de las dos trabajadoras sociales contratadas por Mensajeros de la Paz para esta iglesia, les instó a irse a la acampada, a la que además el padre Ángel había donado algunas tiendas de campaña. Paloma y Francisco no saben a donde tienen que ir para cobrar esa ayuda.

“Aquí no podemos tener camas porque no somos un albergue. Una persona con hernias no puede estar sentada en una silla todo el día. La acampada no es lo mejor, pero por lo menos duermen estirados. No me queda otra que mandarlos allí y seguir quejándome”, cuenta la trabajadora social que tomó esta decisión. Barber es consciente de lo terrible de la situación y explica sus constantes reclamaciones: “Tanto el Samur Social (perteneciente al Ayuntamiento de Madrid) como la Comunidad están saturados. No paro de enviar quejas al Defensor del Pueblo. Al”pobre”, si ya tiene la vida difícil, desde las instituciones se la complicamos aún más”.

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Sin alquiler social y sin atención del SAMUR.

Entre sus quejas y peticiones, una es común a todos: “Queremos un hogar” y aluden al alquiler social como solución. La Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, preguntada por esta situación, respondió al diario.es que no está en su competencia lo referente al alquiler de viviendas sociales ni la atención y respuesta a sus necesidades, siendo esto “responsabilidad de los servicios sociales de proximidad”.

Por otro lado, la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras explica que para la adjudicación de viviendas con alquileres sociales tienen una lista de espera, con “unas 3.200 solicitudes de especial necesidad”, que sería la categoría en la que se incluirían a las personas sin hogar. “No hay ningún piso que estando disponible no se adjudique”, explica, porque hay más solicitantes que viviendas disponibles.

Sobre la atención del SAMUR Social, Miki explica que desde el principio les llamaron por teléfono y presentaron instancias en el Ayuntamiento reclamando sus servicios.

“Hemos pedido que vengan y hagan un censo, que conozcan cada caso. Y no quieren saber nada de nosotros”, lamenta. Cuenta que la respuesta recibida en más de una ocasión fue “por órdenes de un superior, sólo atenderían casos individuales, no a la acampada”. “Les explicamos que hay personas con problemas médicos y de movilidad que no pueden ir hasta su sede. Aunque estemos en grupo, seguimos estando en la calle. No tiene sentido”, reclama.

El SAMUR Social, por su parte, considera a la acampada solo como un “lugar de activismo político”. “No se puede actuar como si tratase de un asentamiento” y tampoco podrían hacer el censo solicitado en una “acampada reivindicativa”, porque “sería ilegal”. Niegan el rechazo que denuncian los acampados y aseguran que atienden  “cada caso de personas que solicitan asistencia”. Reconocen que las plazas de alojamiento para emergencia social del Ayuntamiento se encuentran saturadas por la afluencia de refugiados (https://www.eldiario.es/desalambre/Varias-parroquias-Madrid-refugiados-excluidos_0_9172538379.html) y que además de solicitar la colaboración de la Secretaria de Estado de Migraciones para tratar de solucionarlo, “para combatir el sinhogarismo, el Área de Familias,Igualdad y Bienestar Social va a desarrollar una serie de acciones para favorecer el alojamiento de las personas sin hogar en viviendas en entorno comunitario que faciliten su integración”.

Un trabajador social consultado por eldiario.es reconoce que en la acampada hay personas con más necesidad que otras, pero que “falta trabajo de campo”. “Es una cuestión  de acceso a derechos en general, no sólo a vivienda. Aquí hace falta que vengan los servicios sociales y estudien cada caso para darles una solución. Hay perfiles que se pueden derivar fácilmente al programa “Housing First” de RAIS, por ejemplo”.

Sobre las ONG, las personas de la acampada afirman que alguna “ha pasado por allí para dar comida”, pero ninguna para ofrecer alternativas a estar en la calle.

Algunas han conseguido que personas particulares quieran ayudarles. Es el caso de Itziar. Vive en la acampada porque después de una ruptura de lazos familiares, pérdida de trabajo y dificultades para poder alquilar una habitación en Madrid junto a su pareja, simplemente no tiene donde estar. Las únicas personas que están aliviando su desesperación son Susana y Carolina, dos hermanas que econtraron su mensaje de auxilio en una web colaborativa (“Me van a desahuciar, necesito una tienda de campaña y un saco”) y le ofrecieron su ayuda desinteresada.

Su solidaridad va más allá de llevarle ropa: le están buscando trabajo a su pareja, una vivienda que puedan alquilar, recaudan fondos para pagar la futura fianza y comparten su tiempo con alguien a quien su familia y el Estado dan la espalda.

Las personas sin hogar de estas acampadas aseguran que seguirán en sus tiendas de campaña “porque no tienen otro sitio al que ir” hasta que alguien les ayude y puedan tener un hogar, tal y como defiende el artículo 47 de la Constitución Española.

Miki explica que una de sus expectativas es que el PSOE y Unidas Podemos “den una respuesta al sinhogarismo con un plazo determinado en el pacto que negocien” para un posible Gobierno de coalición. “Estamos contactando con los diputados de Podemos con los que ya hemos hablado y sería una grandísima noticia”, afirma esperanzado.

Micky en su tienda de campaña enseña uno de sus carteles de protesta.

 
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Publicado por en agosto 25, 2019 en Ciudadanía

 

Un magnífico artículo de Iosu Perales sobre las verdaderas razones por la que el PSOE se ha negado a un Gobierno de coalición con Podemos.

Frente a quienes de forma ignorante y topicona siguen diciendo que la culpa de que no haya acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos es de ambos partidos por igual, que sólo piensan en su reparto de sillones, que a ninguno de los dos partidos le importamos los ciudadanos, que en el fondo son iguales, etc, aquí les traigo un artículo que enumera las razonas-ocultas- de Pedro Sánchez para darle un portazo tras otro a Podemos en general y a su líder, Pablo Iglesias, en particular. Es un artículo que disecciona la estrategia del PSOE punto por punto y nos muestra por enésima vez que el PSOE NO es de izquierda, algo que parece que todavía muchos votantes no han entendido. Diganme un sólo punto, uno sólo en que el PSOE se diferencie de Ciudadanos. Yo no lo he encontrado y miren que he buscado.

Este artículo es de una sencillez y claridad admirables.

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=258839

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Publicado por en agosto 1, 2019 en Ciudadanía

 

La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora (Daniel Bernabé,2018). Un ensayo de urgente lectura para quienes aspiran a un mundo mejor y una obra que nos explica como hemos llegado a la situación actual.

Ayer terminé de leer uno de los mejores ensayos que he leído en toda mi vida. Se trata de La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora (Ed. A Fondo, AKAL 2.018), escrito por Daniel Bernabé (Madrid,1.980). Este libro que ya va por la 9ª edición aborda como la izquierda se ha estrellado y ha caído en la impotencia y la inoperancia por apostarlo todo al juego de las identidades, en vez de apoyar la acción colectiva. Quiero decir que la izquierda, quizás por verse incapaz de enfrentarse con éxito a los grandes poderes económicos, ha optado por apoyar y apoyarse en grupos minoritarios caracterizados por pertenecer a alguna identidad (de género, de raza o etnia, de orientación sexual, animalista, veganos, víctimas del franquismo, etc). De esta manera las luchas se fragmentan hasta el infinito y nunca habrá ninguna posibilidad de victoria para quienes desean un orden económico y social más justo. Porque precisamente es  en el mercado de las identidades y de la diversidad donde el neoliberalismo se siente más cómodo, pues juega en casa y con sus propias reglas. También se nos explica como se nos ha vendido que hoy todos somos clase media-lo cual es rotundamente falso- y que la clase trabajadora ha perdido por completa su conciencia de clase, pues se ha terminado creyendo que pertenece a la clase media.  Otro punto fundamental de este ensayo es que la problemática laboral, sindical y económica ha desaparecido interesadamente del debate mediático y de la cultura audiovisual, pues ya no vemos series de televisión donde aparezcan personajes angustiados por no poder llegar a fin de mes o por ser víctimas de un ERE. Tampoco pasa el autor por alto la ineficacia del activismo. Unas manifestaciones como las de la Cumbre  de Seattle de 1.999,donde cada grupo convocante defendía una causa distinta, donde cada uno se sentía muy a gusto con su causa concreta en que se había especializado y no parecía querer  ser parte de ninguna lucha por la acción colectiva y el interés general. Y esa es la desgracia, que unos activistas portadores de una única causa ultra-específica han sustituido a los viejos militantes de una ideología o movimiento que combatían por la justicia social teniendo muy claro cuales eran sus valores y cual la clase social a la que pertenecían y lo que ambas cosas significaban. De esta forma, Bernabé contrapone a los antiguos militantes de sindicatos anarquistas y partidos comunistas, que a base de muchas luchas y sacrificios, consiguieron arrancarle conquistas al Capital, con unos activistas replegados sobre sus propias causas identitarias  que en 20 años no han tenido un sólo logro reseñable. Y es que la situación  ha degenerado tanto que en mi opinión, esos “ejércitos de activistas hiperespecializados” no pueden siquiera ser considerados parte de la izquierda. En todo caso serían algo así como una especie de pseudo-progresismo alternativo, que por lo desnortado que está, resulta inofensivo para el capitalismo.

Tampoco pasa por alto el autor la involución que han significado las series de televisión desde mediados de los noventa, donde se ha eliminado el conflicto social, se nos un mensaje moralista y conservador o se muestra una realidad divertida, plácida e inofensiva. En ese sentido la descripción que hace de Médico de familia (1.995-1.999) no puede ser más acertada.

En resumen, un ensayo de extraordinaria calidad y de lectura urgente para todos aquellos que deseen un mundo más justo y humano. Una obra que nos hace reflexionar acerca de la sociedad en que vivimos y que nos hace darnos cuenta de como hemos llegado a la actual situación de atomización ciudadana y de pérdida de referentes a la hora de encarar las luchas por nuestros derechos.

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Publicado por en agosto 1, 2019 en Ciudadanía, Filosofía y Pensamiento.

 

La nueva ofensiva de la CEOE. Se quitan asimismos obligaciones y nos destruyen derechos.

La CEOE pretende  presionar a los médicos de familia para reducir el número de bajas por enfermedades comunes.

La patronal se plantea organizar charlas y sesiones informativas con profesionales de la medicina familiar para darles a conocer los costes económicos que tienen las bajas por constipado,gripe,migrañas o depresión. Así lo recoge un documento interno de la CEOE en el que se apuesta por “fortalecer la sensibilización” de los profesionales mediante reuniones y jornadas informativas que permitan conocer el impacto de las bajas.

De esta forma la CEOE quiere influir en las decisiones de los profesionales para limitar la concesión de bajas laborales por gripes,migrañas,accidentes caseros o depresiones, tal y como informa el medio económico Expansión. Unas afecciones comunes que ,según las estimaciones de la patronal, generan un coste de 7.000 millones para las empresas españolas.

Pero este no es el único plan de actuación que tiene en mente la CEOE, ya que esperan pedir al nuevo Gobierno que revise la normativa que permite a los médicos unificar en un sólo acto la baja y el alta de menos de cinco días

Asimismo, en un intento de recortar los derechos, la patronal  pretende, según Expansión, “eliminar la obligación empresarial del pago de la prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedades comunes desde el cuarto hasta el decimoquinto día de la baja”.

El derecho de huelga también parece estar en entredicho para la CEOE. Tanto es así, que reclamarán al nuevo Ejecutivo una ley que limite el escenario de actuación de los piquetes informativos organizados por los sindicatos. Según la patronal, esta medida es necesaria para garantizar “la seguridad de las personas,bienes y servicios”.

Fuente: https://kaosenlared.net/la-ceoe-pretende-presionar-a-los-medicos-de-familia-para-reducir-el-numero-de-bajas-por-enfermedades-comunes/

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Publicado por en julio 31, 2019 en Ciudadanía

 

De como el feminismo se ha convertido en una ideología demagógica y victimista que se paga con el dinero de todos los contribuyentes.

El artículo que he escogido hoy es sobre la financiación de las organizaciones feministas. De las organizaciones que se crearon para ayudar a la mujer, pero que desgraciadamente están sirviendo para que unas cuantas espabiladas vivan bien a costa del dinero público. El feminismo que nació en el mundo occidental en el siglo XIX con propósitos muy nobles, hoy se ha convertido en un negocio.Y en una profesión, porque cada vez hay más mujeres que viven de ser feministas a tiempo completo. Además, en no pocos casos, este “feminismo” promueve la misandría, es decir el odio hacia el varón. Sirviéndose de la denuncia de injusticias como la brecha salarial o las decenas de mujeres asesinadas cada año por la violencia doméstica, utilizan una ingente cantidad de dinero público que les llega cada año de los Presupuestos Generales del Estado para decidir que es feminismo y que no, para imponer su pensamiento único y criminalizar a quien disienta y han convertido una causa justa en un negocio. Lo peor es que las mujeres necesitadas de ayuda siguen igual de mal que hace décadas. Es decir, las víctimas no se han beneficiado en absoluto de estas organizaciones que “defienden a la mujer”. Después de leer este artículo he llegado a la conclusión de que lo mejor sería cortarles toda financiación pública a las organizaciones que incumplen los objetivos de ayuda a la mujer y que promueven el odio hacia los hombres. Lamento tener que decirlo, pero considero que en ese punto concreto, VOX puede tener  razón.

La mujer hecha negocio: “Sin dinero público no habría feministas”.

“La industria del feminismo mueve millones de euros al año”.

Elena Berberana.

Vilipendiada, perseguida y amenazada. Erin Pizzey es una de las antiguas feministas enmarcada en el movimiento de la segunda ola de los años 60. Su vida dio un giro radical al describir públicamente al movimiento feminista “como un negocio, un entramado multimillonario que comienza en los años 70 en Inglaterra y que da como origen una industria del feminismo”.

Pizzey fue pionera en la creación de refugios privados para mujeres maltratadas que tuvieron un gran éxito en Gran Bretaña. La activista comenzó a recibir donaciones privadas y, tal y como ella misma cuenta, “en el momento en el que el dinero llegó a los refugios, se aproximaba el sonido de las botas feministas que venían  a secuestrar las asociaciones contra la violencia  doméstica y a convertirla en una industria millonaria”. Eso sí, estatal.

La mujer, “víctima” de los hombres.

Tras el movimiento hippie y la lucha contra el apartheid, las nuevas feministas empezaron a inspirarse en el marxismo , presionando al Gobierno británico para recibir subvenciones y, poco a poco, lo consiguieron. Llegan las primeras partidas presupuestarias en 1974. Tal y como narró Pizzey a Sky News, “esta máquina de hacer feminismo tan eficiente sabía lo que debía hacer para consolidarse como una gran empresa estatal”. Y lo hicieron. Expulsar a las feministas que no están de acuerdo con la victimización de la mujer y lanzar un mensaje que calará hasta nuestros días: el hombre es un ser malvado por naturaleza, una especie de asesino en potencia.

Los hombres fueron expulsadas del movimiento. Nace la tercera ola, neofeminista que no están dispuestas a compartir las manzanas que les caen del Estado. La culpa es de los varones (el malvado “heteropatriarcado”). Atrás quedarán los gritos de las sufragistas del siglo XIX, sus ideas ya “no venden” en nuestra era. La libertad de la mujer y su igualación de derechos humanos con respecto al hombre, tan añoradas por los feministas de la primera y segunda ola, no tiene rédito político. La mujer como ser desvalido, sí. Arranca en palabras de Pizzey, “el gran negocio, las feministas se enganchan a la yugular del contribuyente”.

Cómo operan las “empresarias” del feminismo.

En nuestro país tenemos al menos dos Erin Pizzey. Uno de ellas es la doctora de economía María Blanco. La profesora acaba de publicar Afrodita desenmascarada: una defensa del feminismo liberal. Blanco aclara que la tercera ola feminista de los años 70 fue capturada por la izquierda, pero aún así tenía buenas intenciones sobre los derechos de la mujer. Ahora, sin embargo, vamos hacia una cuarta ola feminista con objetivos espurios como que los hombres lleven tacones o que los niños carezcan de identidad sexual, por ejemplo”.

La madrileña alerta sobre “el peligro que tiene esta cuarta ola sobre su influencia en la sociedad civil”. Señala que este tipo de movimientos de nuevo cuño vive de explotar la miseria ajena”. A diferencia de Pizzey, esta investigadora no cree que sólo busquen dinero, “lo que desean es la perpetuación en el poder, y lo peligroso es que esta maquinaria es eficiente. Una vez que se otorga una subvención, es imposible eliminarla, sólo puede ir a más.

Nace el “feminismo disidente”.

Contundente, declara que “son un auténtico lobby que ha degenerado en la más absoluta victimización de la mujer”. Es aquí donde la cuarta ola feminista está entrando en conflicto. En este sentido, Blanco se muestra optimista sobre el futuro, ya que es conocedora de un nuevo “feminismo disidente”. Se está produciendo una ruptura, hay peleas entre las feministas, como si fuera una película de los Monty Python. Discuten quien defiende más a la mujer.

De hecho, en universidades como Valencia y Sevilla ya se están realizando charlas de feministas disidentes, pero Blanco cree que “todavía hay mucho por hacer. El control estatal y, por ende económico, quienes dictan lo que es feminista o no, lo siguen teniendo estos colectivos”.

“Si no piensas como ellas, no eres mujer”.

 

María Blanco no es la única española que investiga sobre las neofeministas. Desconocida para muchos, pero perseguida, insultada y amenazada en su entorno laboral, tenemos a Alicia Rubio, profesora de un instituto de secundaria de la Comunidad de Madrid. Es la encargada de desenmascarar “el entramado económico y la mafia feminista en España” en su libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y nos persiguieron por ser hombres.

Hablamos con ella y su voz denota nerviosismo. Notamos que lo está pasando mal. Nos cuenta que en su entorno laboral ha sufrido insultos y mobbing desde que expresara sus ideas en el entorno del centro educativo en el que trabaja. La escritora nos habla de su investigación sobre las partidas a los movimientos feministas españoles. Es entonces cuando se topa con el oscurantismo existente.

Según Rubio, el dinero destinado a organizaciones como el Instituto de la Mujer no se fiscaliza, es decir, no se dan explicaciones de lo que se hace con el presupuesto. “estuve en una reunión en el Instituto de la Mujer donde se decidían que coordinadoras se encargarían de los 50 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos. Discutían entre ellas y lo único que estas 200 personas reclamaban eran que querían pasar a ser funcionarias, y otras que ya les tocaba el contrato indefinido”.

Aclara que las vías de financiación del movimiento feminista son múltiples y enrevesadas a conciencia para que nadie las cuestione, , para que nadie se entere. “Manejan muchísimo dinero público, por eso son tan fuertes, un lobby real, y son las menos interesadas en el que el machismo o la violencia doméstica desaparezcan, ya que esto implicaría desmontarles su chiringito”.

Surgen los “comederos”: delegaciones, asociaciones (Rubio contabilizó 2.000 sólo en Andalucía) y una maquinaria empresarial “sin beneficios reales para las mujeres”. Lo llamativo es que las muertes al año a manos de sus parejas o ex-parejas siguen siendo más o menos las mismas a pesar de los cambios legislativos y el aumento de partidas presupuestarias destinadas a tal fin. En 1.999, murieron 54 mujeres por violencia de género, mientras que en 2.017 fueron 52.

“Empresarias del feminismo en España”.

Por el contrario, la organización Impacto de Género Ya, que aglutina a 40 asociaciones feministas, achaca estos tristes resultados a que los Presupuestos Generales del Estado no destinan dinero suficiente”. De los 31 millones que el PGE destinaba en 2.011 a una promesa del Gobierno de inyectar a estas organizaciones 1.000 millones para los próximos cinco años, a un ritmo de unos 200 millones al año. La presión funciona.

Junto con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se ha sellado por unanimidad el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El acuerdo alcanzado en el Congreso el año pasado, contempla una financiación de 1.000 millones de euros en cinco años y más de 200 iniciativas para su lucha. Así la confirmaba la Ministra de Igualdad, Dolors Monserrat, quién garantizó que destinará, para empezar “200 millones de euros de esa partida al pacto contra la violencia de género en 2018” redistribuidas entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y las asociaciones feministas.

Alicia Rubio remata la entrevista con una frase muy contundente: “Me gustaría haceros llegar la última frase que escuchó a una política: sin dinero público no habría feministas”.

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Alicia Rubio

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María Blanco.

 

 
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Publicado por en junio 21, 2019 en Ciudadanía