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De cuando el pueblo venezolano se rebeló contra los programas de austeridad. El Caracazo, 1.989.

19 Jul

“La economía venezolana cayó a partir del endeudamiento que generó el país después del boom petrolero en los 70. A partir de ese momento, comenzó una caída paulatina a medida que el Estado aumentaba su recaudación y gastos.

En 1.988 resultaba elegido Carlos Andrés Pérez, con casi un 53% de los votos. Con ese gran respaldo popular, Pérez  dió un gran giro al liberalizar la economía a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se llamó Paquete Económico, concebido para generar cambios sustanciales en la economía del país. El paquete incluía medidas sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política fiscal. La liberalización de precios y la eliminación del control del cambio generó un reajuste sumamente brusco para las personas con menores ingresos.

Las principales medidas anunciadas fueron:

  • Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de obtener aproximadamente 4.500 millones de dólares en los 3 años siguientes.
  • Unificación cambiaria con la eliminación de tasa de cambio preferencial.
  • Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.
  • Liberalización de los precios de todos los productos, a excepión de 18 que componían la cesta básica.
  • Anuncio del incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.
  • Aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios derivados del petróleo, con un primer aumento del 100% en el precio de la gasolina.
  • Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%.
  • Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.
  • Reducción del déficit fiscal a un máximo del 4%.
  • Congelación de cargos en la Administración Pública.

Las medidas económicas y sociales impuestas por el Gobierno y la creciente tasa de pobreza, originaron la masacre y ola de violencia conocida como el Caracazo.

Las protestas se iniciaron en Guarenas, ciudad próxima a Caracas, la mañana del 27 de febrero de 1.989. Después se trasladaron a Caracas, a zonas populares como Catia, ElValle, Coche y Antímano, degenerando en saqueos y actos de violencia, en ocasiones. Al principio, las protestas fueron pacíficas, pero ante el descontrol y la ineficacia de los cuerpos de seguridad, se producen más enfrentamientos, motines y protestas, cada vez de forma más violenta.

Por la tarde, había problemas en casi todos los barrios y urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.

Las protestas se extendieron a ciudades como La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.

Desbordado por la situación, el Gobierno decretó el toque de queda, militarizó las principales ciudades y aplastó con violencia las protestas. En Caracas se aplicó el Plan Ávila, el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolo para el uso de armas de guerra en el momento de tener que contener las manifestaciones. La represión fue especialmente dura en los barrios pobres caraqueños.

El Gobierno suspendió las garantías constitucionales y durante varios días, Caracas vivió sumida en el caos, las restricciones, la persecución política, los allanamientos de morada por el Ejército y el asesinato de personas inocentes.

Según la cifra oficial dada por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos de febrero y marzo de 1.989 dejaron un saldo de 276 muertos. Sin embargo, estas cifras quedaron rápidamente desfasadas por la aparición de fosas comunes como la de La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. En el Libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Pérez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones del Gobierno  de Carlos Andrés Pérez, el 27 de febrero de 1.989, alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana. Las cifras reales de civiles masacrados a partir del 27 de febrero oscilan entre las 2.000 y 3.000 víctimas mortales. Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó al Estado venezolano, indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante  la revuelta social, todas representadas por Cofavic.

Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno del Presidente Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en 2.006, a través de su Ministerio del Interior y Justicia, indemnizó a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.

En marzo de 1.993, el Presidente Carlos Andrés Pérez es acusado de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la Presidencia por decisión del Congreso Nacional, Ramón J. Velásquez, quién es a su vez sucedido por Rafael Caldera, tras la convocatoria electoral de 1.994″.

Fuente: Wikipedia.

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Publicado por en julio 19, 2015 en América Latina., Ciudadanía

 

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