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Amenazas contra médicos que informan a usuarios de su derecho a utilizar centros públicos.

10 May

 

Médicos y trabajadores sanitarios denuncian amenazas por promocionar el uso de la sanidad pública en Madrid Destacado

por Carlos Mier – Información sensible

Sábado, 10 de Mayo de 2014 01:45
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Médicos y trabajadores sanitarios denuncian amenazas por promocionar el uso de la sanidad pública en Madrid

La plantilla del Centro de Salud de Entrevías ha recibido advertencias de sanciones si informan a pacientes sobre su derecho a escoger el centro en que quieren ser tratados.El Hospital de Móstoles prohíbe el reparto de folletos que instan a poner reclamaciones contra la derivación a centros privados
La Gerencia Asistencial Centro ha creado un organismo para controlar las campañas que se difunden en los centros sanitarios y decidir cuáles llegan a los pacientes y cuáles noLa lista de espera quirúrgica ha aumentado un 26% en Madrid en un año y la Consejería culpa a los que deciden optar por un tratamiento 100% público, descartando que los recortes tengan algo que ver


 

El pasado uno de abril, a las tres y veinte de la tarde, los trabajadores del Centro de Salud de Entrevías, situado en el madrileño barrio de Vallecas, recibían un correo electrónico marcado con prioridad alta. Una escueta misiva de tres párrafos en la que la dirección del centro amenazaba a los profesionales sanitarios con “la tramitación de expedientes disciplinarios” relacionados con las más de 280 reclamaciones de pacientes de sus consultas contra “la derivación a especializada de privada de Madrid”. Según el mensaje, el personal sanitario que informara a los pacientes “dentro del horario laboral” de su derecho a elegir el centro en el que prefieren ser tratados sería sancionado por “generar riesgos por demoras injustificadas en la gestión de sus interconsultas o pruebas complementarias”. O lo que es lo mismo, ‘hablar mal’ de la sanidad privada en horas de trabajo o simplemente informar a los pacientes de su derecho a elegir centro tendrá el correspondiente castigo.

derivaciones_expediente-disciplinario-informar-horario-laboralExtracto del correo electrónico recibido por los trabajadores del Centro de Salud de Entrevías.

Según fuentes del personal sanitario consultadas por Información Sensible, se trata de una clase de advertencia que en los últimos meses se ha extendido como la pólvora por más centros de salud de la capital, y el correo electrónico filtrado “es una muestra fehaciente de lo que está pasando”. Pero no es la única evidencia de la preocupación creciente que atormenta a las autoridades sanitarias de Madrid, lastradas por una medida impulsada por el Gobierno del Partido Popular que parece haberse vuelto en su contra: el área única sanitaria. Bajo la batuta de Esperanza Aguirre, el ex consejero Javier Fernández Lasquetty implantó un sistema que permite a los ciudadanos elegir el hospital o centro sanitario en el que quieren ser tratados. Un derecho utilizado por muchos madrileños para rechazar masivamente las derivaciones a centros gestionados por entidades privadas y pagados por el sistema público de salud (conciertos y concesiones).

Según datos oficiales, las listas de espera quirúrgicas se han disparado un 26% en el último año en Madrid, generando una incómoda situación al Gobierno regional y al nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, que ya se ha apresurado a echar balones fuera diciendo que este aumento se debe a que cada vez son más los usuarios que rechazan ser derivados a centros privados, dejando los recortes completamente apartados de la ecuación y tachando de “irresponsables” a aquellos que hacen campaña contra las derivaciones.

 

Folletos prohibidos en Móstoles

Otra probeta de muestra. El pasado 18 de marzo, el jefe del Servicio Administrativo del Hospital de Móstoles, de titularidad y gestión pública, enviaba un nuevo correo electrónico al personal laboral del centro, concretamente a los auxiliares administrativos, en el que indicaba que “había aparecido un folleto” en el que se animaba a los usuarios “a poner reclamaciones en contra de la oferta de derivaciones” (a la privada). La frase final del mensaje no deja lugar a dudas: “recordaros que la tenencia o reparto a los pacientes está prohibida por Dirección”. Es decir, no solo distribuir folletos será objeto de sanción, sino también poseerlos.

Folleto-crop-vert1Extracto del correo electrónico enviado en el Hospìtal de Móstoles.

Desde la dirección del hospital niegan que ellos hayan dado esa instrucción, y aseguran que se trata de una orden de un cargo intermedio que actuó por su cuenta. Por su parte, la Consejería de Salud recuerda, sin entrar a valorar la existencia o no de unas directrices marcadas, que “los trabajadores no pueden dedicar su tiempo laboral a desarrollar campañas informativas ajenas al desempeño de sus funciones”. De momento, aún no ha habido ninguna sanción, pero las advertencias comienzan a ser el pan de cada día.

 

Control de la información

Un reflejo muy ilustrativo de esta preocupación lo podemos encontrar en la creación de la Comisión Técnica para la Coordinación de la Información en la Atención Primaria (CTCIAP), un organismo creado por la Gerencia Asistencial Centro que se encarga de dar el visto bueno a las campañas informativas y a la cartelería que se coloque en los centros sanitarios. Un nuevo correo electrónico del 15 de abril procedente de la citada Dirección Asistencial con destino a los directores de centro en el que se incide en el aumento de estas campañas y la necesidad de valorar “la pertinencia o no de esta documentación”.

Primaria1_1Extracto del correo electrónico enviado por la Gerencia Asistencial Centro a los directores.

Para que una campaña sea dada por buena, se deberá enviar una solicitud a la Dirección Asistencial correspondiente que en el plazo máximo de un mes y con la supervisión del mencionado comité se decidirá si una campaña (revista, folleto, cartel…) es favorable, desfavorable o favorable con modificaciones.

“¿En qué quedamos?”

A pesar de la normativa sobre el papel, los profesionales del gremio aseguran que todas estas prácticas son una auténtica novedad dentro de la sanidad madrileña, puesto que hasta ahora la cartelería y los folletos no se habían tratado de controlar en absoluto, y mucho menos las conversaciones entre médico y paciente. Así lo indican desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS), donde aseguran estar “muy sorprendidos con esta clase de amenazas a los profesionales sanitarios, evocadoras de otros tiempos”. En la coordinadora se hacen una pregunta obvia: “Si cada paciente puede escoger el centro en el que prefiere ser tratado, ¿cómo se justifica que el personal sanitario no pueda informar a los ciudadanos de sus derechos? ¿En qué quedamos?”. Además, en cuanto a las advertencias a la hora de aconsejar a los pacientes dentro de las consultas, en el CAS tiran de ironía: “Retamos a la Dirección Asistencial a que instale sistemas de escucha en todas las consultas, mesas de citaciones, salas de curas, etc. de los centros de atención primaria, para vigilar lo que los trabajadores hablan con los pacientes”.

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Ejemplos de campañas impulsadas por CAS y por la Plataforma Patusalud.
Uno de los portavoces de esta agrupación, formada por profesionales de la salud, vecinos y organizaciones sindicales no subvencionadas, cree que todos estos movimientos “forman parte de una estrategia de ‘limpieza’ de los centros de salud y los hospitales antes de las elecciones del 2015” para tratar “de aparentar la máxima normalidad posible y poder reducir las listas de espera quirúrgicas lo máximo posible”.

¿Una teoría desmontada?

Se suele decir que los datos no mienten, pero una valoración determinada puede maquillarlos lo suficiente para esconder evidencias indeseadas.  Primero vamos con los datos en frío: La Consejería de Sanidad reconoce oficialmente que las listas de espera quirúrgicas se han disparado un 26% en el último año, ya que mientras que en diciembre de 2012 había 57.722 pacientes esperando para ser operados, en el mismo mes de 2013 eran 72.695 los ciudadanos que estaban a la cola. Además, es necesario tener en cuenta que la Comunidad de Madrid tiene un sistema de conteo especial diseñado en los tiempos de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno de la CAM: Se empieza a contar a partir de la visita con el anestesista y no cuando se prescribe la operación, como en el resto de comunidades.

Con estos datos sobre la mesa, el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, ha culpado directamente a los usuarios que rechazan ser derivados a centros privados, descartando categóricamente que el aumento se deba a los recortes. El número de personas que prefieren esperar para ser operados o tratados en un centro completamente público ha aumentado un 45% en el último año, y Rodríguez no ha dudado en calificar de ”irresponsables” a las personas que impulsan campañas que instan a los usuarios a elegir la pública por encima de los centros concertados o las concesiones.

En cuanto a los datos de derivaciones de los años 2012 y 2013, presentados el mes pasado, el Gobierno regional celebró unos resultados que demuestran, en su opinión, que “el sistema público absorbe casi todo”.  Según la Consejería, las derivaciones se han reducido un 17% en 2013, pasando del 5,2 al 4,3%.

Sin embargo, tal y como explica Ana de Pablo Hermida, facultativo especialista de área de Medicina Intensiva del hospital del Sureste en la web Redacción Médica, el gobierno ‘olvida’ un detalle o ‘esconde’ un dato: solo tiene en cuenta para el cálculo los centros concertados, pero no las concesiones, tratadas en los cálculos como centros públicos.

De este modo, según los números manejados por De Pablo, en 2012, los hospitales públicos de gestión pública realizaron 357.911 cirugías, las concesiones y conciertos 85.611 y en 2013, los hospitales públicos de gestión pública realizaron 352.329 cirugías (un 1,56% menos), las concesiones y conciertos 97.407 (un 13,8% más). En porcentajes, del total de cirugías de 2012, las realizadas en conciertos y concesiones supusieron el 19.3% de las cirugías. En 2013, el 21,66%. Es decir, la derivación ha aumentado un 12%.

De Pablo se muestra recelosa de las conclusiones de la Consejería: “No derivan aún más porque no pueden, no porque no quieran. Pero presentan los números de forma que creamos otra cosa. Es algo, cuando menos, sorprendente”.

Costes de la derivación copia

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Publicado por en mayo 10, 2014 en Ciudadanía

 

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